20/6/2020 

 


 

Aunque en AgendAR no dedicamos espacio habitualmente a la información de casos judiciales, reproducimos esta crónica de Ernesto Hadida sobre una denuncia de la Unidad de Información Financiera. Por la envergadura del tema en relación a la actividad agro exportadora, y también porque se vincula a una arteria clave de las exportaciones argentinas: la hidrovía Paraguay-Paraná. En realidad, la cuenca del Plata, en torno a la cual se formó la Argentina.

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“Vicentin no era una isla”. Así al menos lo cree el titular de Unidad de Información Financiera (UIF), Carlos Cruz, en el escrito que el organismo le presentó a la fiscalía a cargo de Gerardo Pollicita para que investigue si Vicentin “forma parte de una red corporativa que incluye 16 firmas en el país y otras tantas en Uruguay, Paraguay, Brasil y España”.

Cabe recordar que Renova no es una firma más del holding Vicentin: YPF Agro, la empresa que se hará cargo como fiduciario de Vicentin, le compra cerca del 40% del bioteanol y biodiesel que usan Glencore y Vicentin en la planta Renova, instalada en el Gran Rosario, en las localidades de San Lorenzo y Timbúes. Para mejorar ese negocio, Vicentín obtuvo un préstamo de USD 295 millones para financiar la operatoria de la molienda de soja a través de la firma Renova, con un préstamo otorgado por los bancos de la Corporación Financiera Internacional (CFI), miembro del Grupo del Banco Mundial, Natixis y Rabobank. Indicios que le hicieron poner el ojo a Cruz, de la UIF, sobre la empresa Renova.

En realidad Vicentin parece cada vez más una parada hacia el destino final: la discusión sobre la situación actual de la hidrovía Paraguay – Paraná. La hidrovía es la yugular del sistema agroexportador argentino: por ahí sale el 80% de lo que produce el campo. La ruta fluvial, que tiene una extensión de 3.422 kilómetros, recorre Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, mueve unos USD 70.000 millones, unos 4.400 buques que transportan cien millones de toneladas.

Quizás por eso aún nadie habla de la hidrovía, aunque el presidente Alberto Fernández lo hizo pocas horas de comenzar su mandato, en diciembre del año pasado, cuando anunció que la explotación de la hidrovía, hoy en manos de dos empresas denunciadas: la empresa Emepa de Gabriel Romero, empresario relacionado con el radicalismo y que declaró en la “causa cuadernos” haber pagado USD 600 mil para lograr la extensión por una década de la concesión en 2010; y del belga Jan de Nul, que pertenece a los hermanos Peter y Dirk De Nul. cuya concesión vence en 2021, pasará a manos de las provincias “que tienen la hidrovía y usan la hidrovía” como dijo el presidente Fernández.

Lo cierto es que el pasado “cuadernista” de Romero y pese al acercamiento de Jan de Nul hacia algunos gobernadores (en febrero el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, recibió a los embajadores de Bélgica, Peter Maddens y de Paraguay, Julio César Vera Cáceres y a Jan Pieter de Nul, CEO global de Jan Del Nul Group) es probable que muchos acuerdos, tácitos y expresos, se caigan luego de la expropiación de Vicentin.

El tema central, afirman muchos senadores cercanos a la vicepresidenta, Cristina Fernández, sigue siendo el ingreso de dólares al país, la subfacturación y el rol de Glencore. Y es que por la hidrovía este año podrían salir más de USD 28.000 millones, dólares que la economía argentina necesita para sobrevivir a la pandemia acaso más que la vacuna del Covid19. Controlar esos dólares a través de una empresa bajo soberanía estatal como Vicentin le servirá al Gobierno para saber cuáles son los niveles reales de subfacturación de exportaciones de las grandes cerealeras (que algunos creen en más de USD 5.000 millones por año) y quien es el mayor elusor y evasor del fisco en el rio Paraná. Las miradas, por ahora, van dirigidas hacia la firma anglo-suiza.

Pero el affaire Vicentin también logre filtrar y hacer pública la extraña y sospechosa trama que llevó a la cárcel a dos pesos pesados del Paraná: el primero, el jefe del Sindicato Unido de Portuarios Argentinos, Herme Orlando “Vino caliente” Juárez, quien fuera un hombre de mucho poder en el Gran Rosario, detenido en el marco de un megaoperativo policial acusado de extorsión y lavado de dinero y que al que el juez Adrián González Charvay le permitió volver a su casa, a orillas del río Paraná. El segundo, Omar “Caballo” Suárez ex titular del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), a quien la Sala 1 de la Cámara Federal revocó el procesamiento por lavado de dinero.

Esos dos hombres, ahora sin el yugo de la selectiva Justicia macrista bajo sus espaldas, acaso podrán contar de qué empresas eran las barcazas del convoy de 16 unidades con 24 mil toneladas de carga, que transitan a menudo en la hidrovía Paraguay- Paraná (y la cual equivale a la carga de 20 trenes de 40 vagones cada uno, o a 960 camiones cargando 25 toneladas cada uno) que solían ir vacías al Paraguay y volver llenas al país, cuando supuestamente habían salido repletas de la Argentina.

Una pregunta que se hacen senadores, miembros de la UIF, jueces paraguayos y fiscales argentinos, que creen haber encontrado, sorpresivamente, un “triángulo de las bermudas sojero” en suelo paraguayo, donde las oleaginosas y los cereales le desaparecen al fisco.

VIABAE Negocios



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