10/9/2019 

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La distribuidora eléctrica mantuvo nexos comerciales con firmas vinculadas a su socio mayoritario que habrían generado gastos innecesarios. El representante de la Provincia tendrá más poder dentro de la empresa e intervendrá en las negociaciones de cualquier contrato que suponga una superposición de servicios.


Tras la confirmación de que Edemsa contrató o tercerizó servicios con varias firmas ligadas al grupo Vila-Manzano, controlante de la principal distribuidora eléctrica de la provincia, en el Gobierno eligen mirar hacia adelante. Es que tras presionar para que se dieran de baja esos vínculos comerciales cuestionados, el Ejecutivo se quedó sin opciones demasiado claras para avanzar contra el socio mayoritario de la empresa. Por eso, las autoridades prefieren destacar que se modificaron los mecanismos internos de control para evitar que se repita la misma historia en el futuro.

Como publicó El Sol, Edemsa firmó en el pasado contratos que habrían generado gastos innecesarios con distintas empresas vinculadas, en la gran mayoría de los casos, con el grupo Vila-Manzano. Esa duda que sobrevoló durante años en ámbitos públicos y privados se comprobó y a comienzos de agosto, en una asamblea general extraordinaria, el directorio de la distribuidora cedió ante la presión del Gobierno y decidió ponerle fin a esas sospechosas relaciones comerciales.

“El Estado, como accionista, tenía que ocuparse. Se revisaron todos los contratos y se analizó la 'identidad de objeto' o superposición de servicios”, explicó Jimena Latorre, titular del Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) y funcionaria de confianza del gobernador Alfredo Cornejo.

El EPRE realizó una auditoría integral que abarcó los aspectos económicos, financieros y técnicos de la distribuidora. Ese completo informe, que según algunas fuentes ya está en poder de Cornejo, tuvo como origen el análisis de la deuda de 3.000 millones de pesos que la empresa mantiene con Cammesa, la compañía mixta que le vende la energía. Pero se extendió a todas las áreas de Edemsa.

“En los informes parciales de la auditoría quedó claro que había contratos para observar”, señaló Latorre. Esa investigación interna fue clave para determinar el cese de los acuerdos comerciales con firmas como Magnus Agente de Valores, Magnus International, Global Valores y Fondo Argentino. También se redujeron los “créditos no eléctricos” con proveedores de servicios “no necesarios ni vinculados” para la actividad comercial de Edemsa, como Magnus Argentina, Pamar, Servicios y Mantenimientos Eléctricos, Supercanal, Saavedra Electrificaciones y Coral Montajes.

En cambio, se mantuvo el contrato de asesoramiento con Trench Energy Consulting, una empresa creada y dirigida por especialistas cuyos nombres también figuran en otras compañías controladas por el grupo Vila-Manzano. Sin embargo, la titular del EPRE destacó los cambios en ese acuerdo.

En este sentido, Trench Energy Consulting cobraba el “1,25% de las ventas brutas de la Sociedad”. Se hizo cargo del asesoramiento en agosto de 2017 luego de reemplazar a MSO Andes Energía Argentina (otra empresa relacionada con el grupo Vila-Manzano) y el año pasado recaudó por su servicio $ 112,9 millones.

Pero desde el 2 de agosto pasado, se alteró el contrato. “Se modificará la contraprestación por los servicios de asesoría empresaria a la suma equivalente del 3,51% del VAD (Valor Agregado de Distribución) facturado”. También se redujo el plazo “a tres años, renovable automáticamente por el mismo término, en lugar de los cinco años de duración”.

Trench Energy Consulting aceptó estas nuevas condiciones impuestas por el directorio de Edemsa. A cambio, la distribuidora no podrá contratar a “otra empresa de servicios de asesoría empresarial, a menos que se justifique debidamente su necesidad”.

Para reforzar los controles, además se dispuso la creación de un Comité Ejecutivo que está compuesto por cinco miembros (tres por el socio mayoritario, uno por el Estado y otro por los empleados). También se aclaró que el representante de la Provincia tendrá una oficina en la sede de Edemsa.

Ese Comité Ejecutivo intervendrá obligatoriamente en las negociaciones y firmas de cualquier contrato que supere los 20 millones de pesos o en los acuerdos “cualquiera sea su monto, cuyo objeto sea igual, similar o vinculado a prestaciones ya contratadas por la sociedad”. De esta manera, se intentará evitar la superposición de servicios que presuntamente existía en Edemsa.

Pasado, pisado

Más allá de los cambios y mayores controles para intentar evitar que en el futuro se repitan hechos similares en la distribuidora que abastece de energía eléctrica a casi 450 mil usuarios en la provincia, queda flotando una duda: qué herramientas tiene el Gobierno para ir contra los dueños privados de Edemsa, en caso de comprobarse que existió una clara maniobra para desviar fondos o inflar pagos a diferentes empresas y proveedores vinculadas con el grupo Vila-Manzano.

La respuesta la dio un especialista que conoce detalles de la -hoy tensa- relación entre el Gobierno y el holding empresario local. “El Estado tuvo todo este tiempo distintos directores y síndicos en la distribuidora, que aprobaron los balances. Así que aquí puede entrar en juego lo que jurídicamente se conoce como la ‘doctrina de los actos propios’”, explicó.

“Eso quiere decir que nadie puede alegar su propia torpeza, salvo que se logre demostrar un engaño”, agregó. Pero según el experto, probar que hubo algún tipo de fraude o trampa no es una misión para nada sencilla. “Cuando los directores del Estado rechazan u objetan los balances, es complicado para cualquier empresa. Es una decisión que hace ruido. Pero eso no ocurrió en Edemsa”, concluyó.

Las claves

Se sospechaba que en el pasado Edemsa firmó contratos que generaron gastos improductivos con distintas empresas (locales, nacionales e internacionales) que, en muchos casos, están vinculadas con el grupo Vila-Manzano. 
De esa manera el socio mayoritario de Edemsa podría haber obtenido beneficios económicos millonarios, a través de acuerdos con empresas de diversos rubros que ofrecían, supuestamente, servicios idénticos o que no eran de utilidad real para la distribuidora.
Eso ocurría mientras Edemsa cerraba durante años balances con resultados negativos, que ponían en riesgo su funcionamiento.
El gobierno y el EPRE pusieron el año pasado la lupa en esos contratos para intentar comprobar si efectivamente se desviaron fondos o se inflaron pagos a empresas y proveedores.
El 2 de agosto pasado, en una asamblea general extraordinaria de Edemsa, se puso punto final a varias de esas relaciones comerciales que generaban desconfianza.



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